El lío de los niños obesos

¿Qué hay detrás de las cartas entre la SNI y la Organización Mundial de la Salud? Una pugna sorda que mantiene inmovilizado al gobierno. Causa: objeciones de la industria a la ley de comida chatarra.

Una reciente carta de la directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Clarissa F. Etienne, al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Andreas Von Wedemeyer, indica que habrá controversia para rato entre los gremios empresariales peruanos y los organismos de la ONU dedicados a la salud pública. El punto de conflicto es la reglamentación de una ley que condiciona la publicidad de alimentos y gaseosas, imponiendo restricciones a productos cuya ingesta es considerada no saludable. Es un tipo de confrontación que se da en varios países del mundo. Hace varias décadas ocurrió algo parecido cuando los gobiernos quisieron disminuir el consumo de cigarrillos por sus efectos letales en las personas.

La lista negra

En el Perú la SNI se opuso a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, promulgada en 2013. La consideró infundada y de inspiración ideológica anticapitalista. El mismo año el gobierno nombró una comisión multisectorial para reglamentarla. Han pasado dos años sin avances. Los industriales dicen que la ley es tan mala que no podrá aplicarse.

La norma establece un control de la publicidad dirigida a menores de 16 años, con precisiones inéditas para el medio. El objetivo es que no estimule el consumo inmoderado de alimentos que contengan grasas saturadas (hamburguesas, embutidos, leche entera, dulces); o grasas trans (snacks, papas fritas, palitos, galletas, productos precocidos); o azúcar y sodio en proporciones elevadas. Las bebidas gaseosas, por su exceso de azúcar, están en la lista negra.

La publicidad no debe inducir al exceso, a la urgencia, a ignorar las comidas regulares, ni a creerse más inteligente o superior. No puede usar héroes infantiles para presentar testimonios ni dar regalos ni emplear técnicas confusionistas. Debe ser veraz. 

—¿Entonces cómo diablos vamos a publicitar nuestros productos? —dijo un industrial que prefirió no identificarse.

La gran oposición

Las etiquetas del producto deben decir: “Alto en sodio”. O alto en azúcar o en grasas saturadas, según sea pertinente. Y a continuación, la frase: “Evitar su consumo excesivo”. Por razones misteriosas, la ley estableció que los productos con alto contenido de grasas trans —los más perjudiciales para la salud— no sean objeto de regulación inmediata. 

Existe abundante literatura científica sobre los perjuicios del consumo excesivo de azúcares, grasa y sal. Es el factor más importante que promueve la obesidad, que se ha convertido en la segunda causa de muerte previsible en el mundo. El número de obesos se duplicó entre 1980 y 2008. Pero en las Américas la prevalencia de sobrepeso es mayor que en otras regiones. En los países de ingresos bajos el consumo de productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional es cinco veces mayor que en los desarrollados. Tratándose de bebidas gaseosas, el triple. La publicidad de estos productos ha aumentado en forma extraordinaria y la obesidad en menores de 16 años se convirtió en una epidemia creciente. Todo lo cual se conoce y no está en discusión. Pero los intentos regulatorios han encontrado una encarnizada oposición en casi todos los países.

Derechos paternales

Una objeción se hace desde una perspectiva liberal. Al controlar la publicidad de alimentos a niños y adolescentes, ¿no se afecta el derecho de los padres a alimentar a sus hijos de acuerdo con su saber y entender? ¿Por qué el Estado debe decirles qué deben comer y qué no? Por otra parte, todo en exceso es malo. Hasta el consumo de agua. ¿Por qué controlar el consumo de Coca Cola y no el exceso de otras sustancias inocuas?

En el Perú las críticas principales a la regulación propuesta se centraron en los criterios para determinar cuándo un alimento de alto contenido calórico se convierte en prohibitivo. Eso lo determinaron los parámetros técnicos dispuestos este año por el Ministerio de Salud. En una tabla, se fijaron topes de azúcar, sal y grasas saturadas por debajo de los cuales un alimento era saludable. Niveles superiores hacían a un producto peligroso. En ese caso, según la ley, debía ser retirado de los kioskos y comedores escolares y de los del sector público.

Los industriales pusieron el grito en el cielo. Según ellos, la determinación de lo que es un alimento saludable se hizo sin base científica y al margen de los propios cánones de la OMS. Por otra parte, dijeron que los recortes publicitarios eran tan agresivos que restringirían la comercialización del 95% de los alimentos industrializados, generando informalidad en el sector. Peor aún, los programas sociales, la niña de los ojos del presidente Humala, se quedarían sin productos para abastecer a los pobres. Quienes hicieron la norma no previeron sus graves consecuencias económicas y sociales. 

Persona no grata

Fue entonces cuando entró al debate público Manuel Peña, representante interino de la OPS desde el 16 de marzo pasado hasta hoy martes 11 de agosto. Es un reconocido experto internacional en nutrición. Cuando intervino en diversos medios ante las objeciones de la SNI, dejó en claro que la legislación nacional se amparaba en un plan de acción adoptado por los países de las Américas —incluyendo el Perú— en noviembre del 2014. Su objetivo era detener el aumento acelerado de la epidemia de obesidad en niños y adolescentes. La epidemia afectaba a toda la región. Una de las líneas de acción estratégica adoptadas fue gravar a las bebidas azucaradas y productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional. Otra, reglamentar la publicidad. Todo lo cual se decidió sobre una evidencia científica incuestionable. Por eso se habían aumentado impuestos al sector en México y acordado restricciones publicitarias en Chile y Brasil.

El 20 de mayo pasado, la SNI envió una carta a la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, para quejarse de las declaraciones periodísticas que venía haciendo el representante de la OPS. La firmó Luis Salazar, que por entonces presidía la SNI. Manuel Peña, decía la SNI, empleaba términos ofensivos contra la industria del sector, atribuyéndole intenciones malignas hacia la salud pública. Fue acusado también de una ilícita intervención en asuntos peruanos, dada su condición de funcionario internacional. Al mismo tiempo el premier Pedro Cateriano recibió cartas de todos los gremios del sector de alimentos y bebidas. Le pedían modificar los parámetros técnicos aprobados por el Minsa.

La OMS zanja

La respuesta de la OMS a la SNI se produjo a través de una carta de Clarissa F. Etienne, quien además de directora de la OPS es representante en las Américas de la OMS. Dijo que Peña estaba en lo correcto. El Perú  era uno de los países afectados por la epidemia y sus normas reflejaban lo acordado unánimemente por los gobiernos de las Américas. Con lo cual, por parte de la OMS, quedó zanjada la cuestión de si los parámetros aprobados en Perú corresponden a las políticas y evidencia científica de la OMS. Pero una cosa es cierta: la aplicación de la ley difícilmente la hará el gobierno de Humala. El estancamiento de la economía es aliado de las gestiones de la SNI ante la oficina del primer ministro. Por otra parte, tampoco es esperable que el Minsa modifique sus patrones. Hay un vacío de poder.

—La industria debe resignarse a ganar menos, qué se le va a hacer —dijo Manuel Peña, con un pie en el avión—. Es una cuestión de salud pública.

Fuente: La República